Ciberseguridad Empresarial: Un riesgo legal que no puedes ignorar

En el contexto empresarial contemporáneo, la ciberseguridad dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una cuestión jurídica de primer orden. La información que hoy gestionan las empresas –clientes, proveedores, datos financieros, propiedad intelectual– es su activo más crítico. Su pérdida, filtración o manipulación no solo puede afectar la operación, sino generar responsabilidades legales directas.

Desde el marco normativo colombiano, toda empresa que recolecte o administre datos personales debe garantizar su protección, conforme a la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Pero más allá del régimen de habeas data, las normas civiles, comerciales e incluso penales imponen deberes de diligencia sobre la custodia de la información. Una brecha de seguridad puede implicar el incumplimiento de contratos, la violación del secreto empresarial, o la comisión de conductas punibles por omisión.

A nivel internacional, el caso del ataque de ransomware conocido como WannaCry en 2017 marcó un antes y un después. Esta campaña, que afectó a más de 200.000 sistemas en 150 países, paralizó infraestructuras críticas, entre ellas hospitales del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Se trató de un software malicioso que secuestraba la información de los usuarios cifrándola y exigiendo un rescate en criptomonedas. Las consecuencias no fueron solo operativas: se iniciaron múltiples investigaciones legales contra empresas por no contar con sistemas actualizados o por negligencia en el tratamiento de información.

Colombia no es ajena a este tipo de amenazas. Según cifras recientes del MinTIC y la Policía Nacional, los incidentes de seguridad digital en el país han crecido más del 30% anual. Las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables, no por ser blanco específico, sino por carecer de protocolos mínimos de protección.

Desde la perspectiva jurídica, la ciberseguridad no se limita a instalar antivirus o servidores en la nube. Implica definir políticas internas claras, acuerdos de confidencialidad eficaces, cláusulas contractuales con terceros que usen datos, y protocolos de respuesta ante incidentes. La responsabilidad recae no solo sobre el área de TI, sino sobre los órganos de administración de la empresa.

En definitiva, el derecho colombiano ya reconoce que la información es un bien jurídico tutelado. Las empresas deben asumir su protección como parte de su deber de diligencia profesional y empresarial. No hacerlo puede acarrear consecuencias legales más graves que el daño técnico mismo. Las lesiones de ataques cibernéticos globales, como WannaCry, deben servir de advertencia para nuestro entorno empresarial local.