La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un concepto futurista para convertirse en una herramienta transversal que ya está transformando sectores productivos en Colombia, desde el agro hasta la banca. Desde el punto de vista del derecho, es urgente que empresarios, abogados y autoridades comprendamos tanto las oportunidades, como los riesgos que implica su uso.

La IA en términos jurídicos puede entenderse como un sistema computacional capaz de tomar decisiones autónomas o semiautónomas a partir de datos. Esta definición, aunque técnica, encierra múltiples implicaciones: ¿quién responde por sus errores?, ¿Qué pasa con los contratos celebrados o ejecutados por una IA?, ¿Cómo protegemos la información que la alimenta?…

Uno de los grandes interrogantes es la responsabilidad. Imaginemos que una IA recomienda una inversión errada a un cliente, o que un robot contable omite una obligación tributaria. ¿Responde el fabricante, el programador, el usuario o nadie?
El marco legal colombiano, como el de la mayoría de los países, aún no ofrece una respuesta clara. En este momento, se recurre a figuras como la culpa en la elección de herramientas o la responsabilidad por el hecho de las cosas (Art. 2356 del C.C.), pero esto es apenas un paliativo. Urge una regulación específica y moderna.

Los smart contracts o contratos inteligentes o autoejecutables, basados en blockchain son otra tendencia impulsada por la IA. Prometen reducir costos, tiempos y litigios. Sin embargo, en Colombia, aún no hay jurisprudencia que los respalde directamente, y su validez jurídica dependerá de que cumplan con los requisitos esenciales de los contratos tradicionales
Además, el reto no es solo técnico, sino cultural y jurídico: ¿estamos preparados para litigar frente a un código fuente?.

Frente a la Privacidad y protección de Datos, es importante destacar que el uso masivo de IA exige grandes volúmenes de datos, lo cual pone en tensión la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales. Las empresas que usan IA deben revisar muy bien sus políticas de tratamiento, porque la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha empezado a vigilar con lupa este tema. Una IA mal alimentada puede generar no solo errores, sino también sanciones.

En el contexto actual, el rol del abogado cambia. Ya no basta con saber interpretar normas; hay que entender cómo operan los algoritmos, cómo leer un contrato inteligente o cómo asesorar una empresa que usa IA en sus procesos comerciales.
Pero no hay que temer: la IA no reemplazará al abogado, pero sí reemplazará a quien no sepa usarla. El criterio, el juicio jurídico y la comprensión del contexto, seguirán siendo insustituibles.

La IA no es un enemigo del derecho, sino una herramienta que debe ser regulada y usada con inteligencia.  Desde LegalSpace, invitamos a nuestros clientes y colegas a prepararse, adaptarse y anticiparse. El futuro no se espera, El futuro se diseña.